CHISPAZO/ Felipe Guerrero Bojórquez
TESTIGOS…¿DE QUÉ?
Lo primero que brinca en este caso no es el citatorio de la FGR a Rubén Rocha Moya, Enrique Inzunza y Juan de Dios Gámez. Lo primero que despierta sospechas es otra cosa: que la Fiscalía habla de comparecencias y enseguida salga la Secretaría de Gobernación a “aclarar” que acudirán en calidad de testigos.
Si la FGR es autónoma, ¿por qué Segob se mete a precisar el carácter ministerial de una diligencia que no le corresponde explicar? ¿Desde cuándo el Ejecutivo funge como vocero procesal de la Fiscalía? Ahí empieza el tufo político. Ahí aparece la sombra de la operación de control de daños. Y ahí se fortalece la percepción de que no estamos ante una investigación limpia, sino ante un expediente administrado políticamente desde el poder.
Porque una cosa es la autonomía escrita en la Constitución y otra muy distinta la «autonomía» real que desde el oficialismo quieren vender.
Más aún: las acusaciones que detonaron este escándalo no nacieron en México. Vienen de Estados Unidos, en medio de versiones sobre presuntos vínculos con el crimen organizado y de un eventual requerimiento de extradición. Si ese es el origen y ese es el calibre del señalamiento, entonces las preguntas son obligadas: ¿por qué aquí se les cita como testigos? ¿Testigos de qué exactamente?
Si sobre ellos pesan sospechas serias, llamarlos testigos parece más una maniobra de contención que una investigación en serio. Una fórmula para lavar imagen, tomarles declaración, darles trato de ajenos a la acusación y, en los hechos, construir una coartada institucional para blindarlos en territorio nacional. Primero se les arropa políticamente, luego se les reviste de “colaboradores” de la justicia, y después se vende la idea de que no hay materia para proceder.
Pero también hay otra hipótesis, igual de inquietante: que hoy se les trate con guante blando y mañana se les convierta en piezas de negociación. En política, y más en tiempos de tensiones en la relación con Washington en temas de seguridad, narcotráfico y tratado comercial, no se debe descartar que los citados puedan pasar de protegidos a sacrificables, si la coyuntura lo exige.
Eso explicaría la ambigüedad calculada que ofrece la conducta oficial y de la FGR.
Durante casi 20 días, los requeridos por Estados Unidos, estuvieron fuera del foco, escondidos políticamente tras el estallido del caso. Y de pronto aparecen citados, con mensaje tranquilizador, sin demasiada precisión pública sobre tema, fecha, hora y alcances de la diligencia. Solo ellos lo saben. Todo cuidadosamente dosificado. Todo con tufo de libreto y de agenda calculada. Todo demasiado administrado como para pensar que se trata únicamente de un procedimiento ministerial ordinario.
Por eso no es casualidad que el oficialista senador Javier Corral, experto en manejar estos temas, se haya aparecido en Culiacán, un día antes del citatorio de la FGR para explicar en términos jurídicos, al también senador Enrique Inzunza, los alcances de este procedimiento, para luego convencer a Rocha Moya de aceptar la comparecencia. Todo armado, sin duda, no desde la FGR sino desde la más alta cúpula del poder.
Y mientras en Sinaloa se diseña una estrategia proteccionista cuyo operador, Javier Corral, es el enemigo número uno del gobierno de Chihuahua, a Maru Campos, gobernadora panista de ese estado, el oficialismo la mide con rasero distinto. La FGR la cita, pero en un ambiente cargado de hostilidad política, con Morena empujando narrativas extremas y con la propia presidenta Claudia Sheinbaum adelantando criterios al decir que el asunto “no es político”, sino jurídico.
A Maru Campos la citan y la graban enviados de la FGR, a Rocha y compañía les avisan a través de un operador político.
Ya se sabe, cuando el poder del Estado tiene que salir a repetir que algo “no es político”, normalmente es porque ya lo politizó. Así de sencillo.
Ese es el fondo del problema: no sólo está en duda la situación de Rocha, Inzunza y Gámez. Lo que está verdaderamente bajo sospecha es la consistencia del Estado mexicano de frente a la presión de Estados Unidos. Qué curioso, una Fiscalía que debería hablar por sí misma es “explicada” por Gobernación. Una presidencia que debería guardar prudencia institucional opina como si tuviera acceso anticipado al sentido del expediente. Y un partido oficial, que debería mantener distancia, cierra filas de inmediato para blindar el proceso antes de que concluya. Queda claro: el mensaje no es de justicia. Es de alineamiento.
Si los citados son inocentes, que una investigación seria, independiente y transparente lo acredite. Y si hay elementos en su contra, que se actúe sin interés político. Lo que ofende a la inteligencia pública es esta escenografía donde unos aparecen como “testigos” protegidos por el régimen, mientras a la opositora Maru Campos se les coloca desde el inicio bajo reflector de culpabilidad, ponderando más el color del partido que la impartición real de la justicia.
Lo que es cierto es que a Rocha, a Inzunza y Gámez, se les llama como «testigos» en un caso donde los señalamientos apuntan hacia ellos, y cuando existen personas afectadas, en el proceso electoral del 2021, cuyos testimonios la propia FGR se niega a recibir y a darles el crédito correspondiente.
Al final, lo que queda claro es que la propia FGR se exhibe ante la sociedad como un organismo al servicio del Ejecutivo, porque hay serias evidencias de que está violentando su constitucionalidad ante su falta de autonomía. Ahí está el comunicado de la Secretaría de Gobernación que no miente.
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