CHISPAZO/ Felipe Guerrero Bojórquez
PENSIÓN PARA TODOS, PRIORIDADES PARA NADIE.
En México, la pensión para adultos mayores se ha vuelto intocable. No se discute: se reverencia. Pero una democracia seria tendría que admitir una pregunta fundamental: ¿es justo dar dinero público a quien no lo necesita para vivir?
La pensión universal para personas de 65 años y más tiene una virtud política indiscutible: es simple, visible, masiva y electoralmente rentable. También presume una virtud moral: se entrega sin distinciones. Y ahí empieza el problema. Coloca en el mismo plano a quien apenas sobrevive y a quien cobra una jubilación holgada; a quien no tiene para medicinas y a quien vive de rentas, negocios o ahorros suficientes.
La universalidad puede ser igualitaria en el discurso, pero regresiva en los hechos cuando borra la diferencia entre necesidad y comodidad. Una cosa es proteger a los adultos mayores frente a la pobreza; otra, transferir recursos públicos también a quienes ya tienen resuelta su subsistencia.
Hoy este programa cubre a cerca de 12 millones de personas. Con un apoyo de alrededor de 37 mil pesos anuales por beneficiario, su costo total ronda entre 450 mil y 500 mil millones de pesos al año. No es una partida insignificante: es uno de los grandes ríos del gasto público nacional.
La pregunta no es si el apoyo existe, sino a cuántos se les entrega sin necesidad real de supervivencia.
No hay un padrón público perfectamente cruzado entre beneficiarios, ingresos, patrimonio y nivel de bienestar. Pero sí hay bases suficientes para hacer estimaciones razonables. Hacienda conoce ingresos formales; los sistemas pensionarios saben quién cobra jubilación; INEGI y Coneval conocen bastante bien la estructura social del país.
Si apenas 10% de los beneficiarios perteneciera a hogares con suficiencia económica clara, estaríamos hablando de 1.2 millones de personas y de un gasto de 44 mil a 45 mil millones de pesos anuales. Si fueran 15%, el monto subiría a 66 mil o 68 mil millones. Si fueran 20%, rondaría los 89 mil o 90 mil millones de pesos al año.
Dicho de otro modo: la universalidad podría estar costando decenas de miles de millones en transferencias a personas que no dependen de ese dinero para comer, curarse o sobrevivir.
Ahí aparece la ironía central. El Estado que suele alegar estrechez para surtir medicinas, reparar drenajes, pavimentar calles, mejorar alumbrado o equipar policías, se vuelve admirablemente generoso cuando se trata de depositar parejo al pobre y al acomodado. Para distinguir y atacar necesidades dice no tener solvencia económica; para repartir sin distinguir, presume solvencia moral.
Nadie discute que millones de adultos mayores merecen respaldo público. Lo cuestionable es que el diseño actual sacrifica equidad para no incomodar la rentabilidad política del “a todos por igual”. Y repartir igual entre desiguales no siempre es justicia; a veces es una forma sutil de renunciar a gobernar con prioridades.
Porque cada peso que recibe el jubilado de altos ingresos, el profesionista solvente o el empresario que no necesita esa transferencia, es un peso que no va a agua potable, drenaje, basura, pavimentación, hospitales, escuelas, medicinas o seguridad. El costo no es invisible: se observa todos los días en el deterioro del entorno público.
La discusión de fondo no es si debe desaparecer el apoyo, sino si debe seguir siendo completamente universal en un país con recursos escasos y carencias inmensas. Una democracia madura tendría que atreverse a decir que no todo trato igual es trato justo.
Tal vez ha llegado la hora de formular la pregunta prohibida: ¿es progresista subsidiar al que no lo necesita mientras al resto del país se le pide paciencia con la carestía, el agua, la medicina, hospitales, escuelas, carreteras, la seguridad y los servicios públicos?
Pero al Estado lo que le importa es el ritual, el derroche ceremonial cuando, con gesto compasivo, decide auxiliar por igual al que padece necesidad y al que simplemente disfruta un depósito más en su cuenta. Y mientras, el deterioro del servicio y la infraestructura pública avanza porque no hay dinero. ¡Ufff!
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