CHISPAZO/Felipe Guerrero Bojórquez
SINALOA: EL DILEMA NO ES QUIÉN SERÁ EL CANDIDATO OFICIAL, ES LA REALIDAD.
Al final del proceso interno de Morena, poco importará si el gobernador Rubén Rocha Moya conserva o no el control en la designación de la candidatura a la gubernatura. Si el “centro” decide o si decide el gobernador, el problema de fondo seguirá intacto: la violencia y la inconformidad social que hoy definen el pulso de Sinaloa.
El verdadero desafío no es quién encabece la boleta, sino cómo convencer a una ciudadanía agraviada de que el partido en el poder sigue siendo opción. ¿Con programas sociales convertidos en estructura electoral? ¿Con presión política, operadores territoriales, acordeones y la sombra del crimen organizado? ¿O con una presidenta en campaña permanente bajo la figura de una revocación de mandato que nadie ha solicitado?
La realidad es terca. Las encuestas reflejan el desgaste del gobierno estatal y el efecto colateral alcanza también a la figura presidencial. A ello se suman los datos duros: Sinaloa entre los estados con mayor incidencia criminal, Culiacán atrapada en una espiral de violencia, economía contraída, negocios cerrando, desempleo en ascenso y una sociedad que se repliega antes de que caiga la noche. No es percepción, es realidad cotidiana.
A ese escenario se agrega el deterioro de lo básico: servicios públicos deficientes, sistema de salud sin respuesta, escuelas con carencias, falta de obra social y una estructura de poder fáctico que opera con impunidad en prácticamente todo el territorio. Mientras tanto, el discurso oficial insiste en maquillar lo evidente.
Frente a este contexto, hay una pregunta central: ¿apostará el régimen por una contienda limpia o profundizará la ruta del llamado Plan B, donde la austeridad sirve de argumento y la opacidad de los recursos se convierte en herramienta política? Los actos anticipados de campaña ya adelantan la respuesta.
En entidades como Sinaloa, el reto para Morena no es solo electoral, es moral y político: competir sin recurrir a las viejas prácticas que hoy niega pero que siguen latiendo bajo la superficie. No hay duda, en Sinaloa, como en el resto del país, el poder tiene de su lado tribunales, fiscalías y estructuras institucionales; es decir, el riesgo no es perder la elección, sino distorsionar la voluntad ciudadana.
Del otro lado, la oposición tiene frente a sí una oportunidad histórica que insiste en desperdiciar. Dividida, cómoda en la fragmentación, parece más interesada en administrar cuotas que en construir un contrapeso real. Ir solos, en este contexto, no es apostar por la alternancia, sino en fortalecer la funcionalidad del sistema.
Así, el dilema en Sinaloa no será solo de nombres ni de partidos. Morena no compite únicamente contra sus adversarios políticos, sino contra el hartazgo ciudadano. Y la oposición, aún fracturada, tendrá una sola posibilidad: conectar con ese descontento y llevarlo a las urnas.
El desenlace no dependerá únicamente de quién aparezca en la boleta, sino de algo más elemental: si se respetan las reglas del juego; o si, una vez más, el juego ya está decidido antes de empezar.
Solo hay que preguntarse una cosa: ¿Quien, desde hace meses, está organizando la próxima elección? Los ciudadanos no. Tampoco el INE. Queda claro que el régimen y su comisión presidencial ha venido operando desde Palacio Nacional, desde la Secretaría de Gobernación y desde el Congreso dominado por Morena. Es la iniciativa presidencial de reforma electoral, su aprobación, la que marcará la pauta y definirá las reglas de los comicios en el 2027. No hay más.
En una palabra es el poder quien organiza la elección, promueve los tipos de campaña y su financiamiento, y dicta cómo votar y cómo contar los votos. Todo a nombre de una equidad que no se ve en la iniciativa de marras. Y esa es una ventaja que tiene Morena en Sinaloa, de frente a una marcada inconformidad ciudadana. Con todo, ¿Vencerá el régimen al enojo social? ¿La oposición, aún fragmentada, al final reducirá el poder del oficialismo? Veremos.
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