CHISPAZO/Felipe Guerrero Bojórquez
“Destapes” adelantados: trampa legal que debilita a la democracia.
Los llamados “destapes” adelantados, disfrazados de coordinaciones, enlaces o figuras partidistas ambiguas, han dejado de ser excepción para convertirse en regla. Y lo más grave no es que ocurran, sino que se toleran.
La ley es clara en el papel. La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) establece sanciones que van desde amonestaciones públicas hasta la pérdida del registro de candidaturas. El INE puede ordenar el retiro de propaganda, imponer multas millonarias y frenar actos que simulen procesos internos. Incluso, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha sostenido que, cuando hay llamados explícitos al voto o promoción indebida, la infracción se configura sin matices.
Pero en la práctica, la política mexicana ha encontrado el resquicio perfecto: decir sin decir, promover sin pedir el voto, posicionarse sin “violar” la ley. Un libreto perfectamente ensayado donde todos saben que están en campaña, excepto las autoridades electorales.
Ya se sabe. Cuando un aspirante se adelanta y no pasa nada, se rompe el principio básico de toda contienda democrática: la equidad. Quien arranca antes, de entrada, cuantitativamente llega más lejos. Y quien respeta los tiempos, simplemente compite en desventaja. Así, la legalidad deja de ser norma para convertirse en arbitrariedad.
A ello se suma un riesgo aún más delicado: el uso anticipado de recursos cuyo origen muchas veces se diluye entre lo público y lo privado. Sin fiscalización oportuna, estas precampañas encubiertas abren la puerta al financiamiento opaco y a estructuras que operan en la ilegalidad. Como todo policía malo, cuando la autoridad llega, si es que lo hace, el daño ya está hecho.
Peor aún, la permisividad erosiona la credibilidad de las instituciones. Si el árbitro observa pero no sanciona, el mensaje es claro: violar la ley no tiene costo para nadie. Entonces la democracia deja de ser un sistema de reglas para convertirse en un juego de ventajas, donde la propia autoridad participa a favor o en contra de los jugadores, los que contribuyen a que el resultado tenga como base la chapucería.
Es cierto, el propio TEPJF ha ampliado los márgenes de interpretación, como en la jurisprudencia reciente que permite expresar aspiraciones sin que necesariamente se configure una infracción. Pero esa flexibilidad, pensada para proteger derechos, ha terminado siendo utilizada como coartada para burlar la norma.
Hoy, prácticamente todos los partidos participan en esta simulación. Unos con más cinismo que otros, pero todos bajo la lógica de estirar la liga y de maniobrar en el espacio que la ley permite o más allá. Antes el que se movía no salía en la foto. Hoy, no solo hay que moverse, sino correr. Más bien ahora la frase ha cambiado radicalmente porque el que se adelanta no pierde, gana.
¿Y la democracia? Pobre. Se observa débil, ignorada en sus tiempos y reinterpretada en sus principios. Es que el árbitro también se corrompió.
FERNANDO PUCHETA
Dice el exalcalde de Mazatlán, Fernando Pucheta, que efectivamente renunció al PRI pero que hasta hoy no ha militado en ningún otro partido político. Con miles de seguidores en sus redes sociales, Pucheta no deja de estar presente en diversos sectores de la sociedad mazatleca. Sin duda conserva una base electoral importante, y no niega estar abierto a la posibilidad de coincidir con algún partido político en su calidad de ciudadano. Claro, como candidato.
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