CHISPAZO/Felipe Guerrero Bojórquez
SINALOA: EL GOLPE A LA TRANSPARENCIA
Que el gobierno del estado y el Congreso de Sinaloa no nos quieran picar los ojos. Que no nos quieran vender humo. La iniciativa de nueva Ley de Transparencia enviada por el Ejecutivo estatal no solo no moderniza nada, sino que es un verdadero retroceso: cancela de un plumazo el derecho ciudadano a la información.
Lo primero que hace es liquidar a la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública (CEAIP) como órgano autónomo, y reemplazarla por un esquema donde cada poder se vigila a sí mismo. De ese modo la transparencia deja de ser un contrapeso y se convierte en trámite interno, en una cobija con la que se tapa el poder mismo. El mensaje de fondo es letal: que nadie de afuera revise al poder.
La iniciativa, además, de acuerdo a un documento de la Red Ciudadana por la Integridad y Anticorrupción de Sinaloa (ReCIAS), recorta obligaciones, excluye a actores clave como ayuntamientos, partidos y sindicatos, elimina figuras de participación ciudadana y abre más puertas para reservar información. Incluso deja margen para esconder comprobantes del gasto público. Sí, para no rendir cuentas de lo que hacen con nuestro dinero.
No estamos ante una ley de avanzada, sino ante una operación de retroceso para proteger el robo y las trapacerías desde el gobierno y organizaciones políticas. Se trata de que los sujetos obligados a rendir cuentas ofrezcan la menos información posible; que haya más discrecionalidad oficial y más opacidad administrativa y financiera. Un retroceso de proporciones terribles, que golpea de frente casi 30 años de avances en transparencia y rendición de cuentas en Sinaloa.
Y lo más grave sería que el Congreso se prestara a esta maniobra, intentando disfrazarla de innovación institucional. Y es que esto no fortalece derechos, los reduce. No solo no amplía controles, sino que los desmantela. Esa iniciativa retrógrada, autoritaria y centralista lo que menos se propone es abrir al gobierno, por el contrario: lo blinda.
Es característico de los gobiernos autoritarios decidir qué debe conocerse, qué debe reservarse y a quién debe supervisarse. Por supuesto, lo que busca no es transparencia. Lo que busca es impunidad con apariencia de legalidad, avalado por súbditos que responden al autócrata, no a la sociedad.
Si esta iniciativa prospera, Sinaloa no estaría entrando a una nueva etapa de transparencia, sino regresando a los tiempos en que el poder se administraba en lo oscurito y la ciudadanía debía conformarse con versiones oficiales, mentiras, medias verdades y puertas cerradas. Y eso, en cualquier democracia legítima se llama regresión, retroceso, involución. Chingaderas, en lenguaje sinaloense.
No hay duda, un gobierno que le teme al escrutinio público es un gobierno que algo quiere esconder y que, por lo mismo, lo que menos le importa es informar. Es un gobierno que no se inmuta para mentir, cometer atropellos y corruptelas. . Y por otra parte, de aprobarse esta iniciativa, lo que tendríamos sería un Congreso, o una fracción parlamentaria, que en lugar de frenar la ilegalidad la apruebe y la avale. Los diputados que tapen la opacidad del Ejecutivo se exhibirán legislando no para los ciudadanos, sino para proteger a su jefe político. Así de simple. Así de grave. Así de terrible.
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