VICEFISCAL BAJO SOSPECHA INTERNACIONAL… PERO SIGUE EN EL CARGO
*México arriesga incumplir acuerdos de extradición al mantener activo a funcionario señalado por EE.UU.
Culiacán, Sin.- En medio de una tormenta judicial que ya cruzó la frontera, el vicefiscal de Sinaloa, Dámaso Castro Saavedra, continúa en funciones pese a las acusaciones formuladas por autoridades de Estados Unidos que lo vinculan con una red de protección al crimen organizado.
La propia Fiscalía estatal ha reconocido que se analiza su eventual separación del cargo, aunque por ahora el funcionario sigue activo bajo el argumento de la presunción de inocencia y el debido proceso.
Sin embargo, el fondo del asunto rebasa lo local y se instala en el terreno internacional. Castro forma parte de un grupo de funcionarios señalados por autoridades estadounidenses por presuntos vínculos con el narcotráfico, incluyendo acusaciones de recibir sobornos y filtrar información a estructuras criminales.
El problema no es menor: Estados Unidos ya ha formalizado acusaciones y solicitudes dentro de un contexto de cooperación bilateral, lo que coloca a México bajo escrutinio en materia de cumplimiento del tratado de extradición.
UNA PERMANENCIA QUE GENERA RIESGOS
Mantener en funciones a un vicefiscal señalado por una autoridad extranjera no solo abre un frente político, sino jurídico. En términos prácticos, México podría estar incurriendo en una omisión delicada frente a sus compromisos internacionales, al no proceder con medidas cautelares mínimas como la separación del cargo o un arresto preventivo.
Más aún tratándose de un funcionario que opera dentro del sistema de procuración de justicia, donde su posición le otorga acceso a información sensible, capacidad de incidencia en investigaciones y —en el peor de los escenarios— margen para obstruir procesos o incluso evadir la acción de la justicia.
EL CONTRASTE
Mientras otros actores políticos han optado por solicitar licencia ante señalamientos similares, en este caso la decisión ha sido distinta: permanecer en el cargo mientras “se analiza” una posible separación, una postura que alimenta la percepción de protección institucional.
UN MENSAJE HACIA AFUERA
El caso se inserta en una crisis mayor. La acusación contra funcionarios sinaloenses —incluyendo al propio gobernador— ha elevado la tensión bilateral y ha puesto sobre la mesa solicitudes de extradición por parte de autoridades estadounidenses.
En ese contexto, la inacción o lentitud en medidas internas no solo debilita la credibilidad de las instituciones locales, sino que envía un mensaje preocupante a nivel internacional: que, aun bajo señalamientos formales, los engranajes del poder pueden seguir operando intactos.
No se trata solo de presunción de inocencia.
Se trata de responsabilidad de Estado.
Porque cuando un funcionario acusado por otro país sigue despachando desde la justicia, la línea entre investigación y encubrimiento comienza peligrosamente a desdibujarse.
(Feed generated with FetchRSS)