CHISPAZO/Felipe Guerrero Bojórquez
DOS VARAS Y UNA JUSTICIA SELECTIVA
Si la indignación oficial fuera auténtica y no selectiva, el caso Chihuahua no se estaría usando para cargarle toda la culpa a la gobernadora Maru Campos, mientras se intenta sacar al Ejército de la ecuación. Desde la propia Fiscalía de Chihuahua, ha trascendido que el operativo para desmantelar narco laboratorios de Sinaloa a Chihuahua no habría sido posible sin el apoyo tecnológico de la CIA, lo que obliga a una pregunta elemental: ya no es sólo quién sabía en el gobierno estatal, sino quién autorizó, coordinó o toleró esa participación desde las estructuras federales y militares.
Dicho de otro modo: si los agentes estadounidenses fueron pieza clave en el rastreo de los narco laboratorios, su ubicación y el demás soporte tecnológico, resulta insostenible fingir que los mandos militares mexicanos eran simples espectadores. Mucho menos cuando en la operación participaron decenas de elementos del Ejército. Pretender que los agentes extranjeros aparecieron por generación espontánea en territorio nacional, colaboraron en una acción de alto impacto y aun así nadie en la cadena de mando federal se enteró, no es una explicación seria: huele a coartada.
Por eso suena muy forzado el intento de concentrar la responsabilidad política en Chihuahua. Porque si la presencia de esos agentes existió y fue central en el operativo, entonces el problema rebasa por completo a la gobernadora porque involucra a la Sedena, involucra al gobierno federal y, por extensión, alcanza a la propia jefatura del Estado, es decir, a la Comandante Suprema de las Fuerzas Armadas. Querer reducir todo al ámbito local, más que preocuparse por el esclarecimiento de los hechos, se observa como control de daños.
Y aquí aparece la doble moral en toda su extensión y en todo su esplendor. Para Chihuahua, el oficialismo desempolva palabras mayores: soberanía, injerencia, traición a la patria. Pero cuando se trata de Sinaloa y del gobernador Rubén Rocha, el mismo poder se vuelve evasivo, cauteloso, casi mudo. En ese caso no hubo el mismo apremio para llamar a cuentas por el secuestro o traslado de «El Mayo» Zambada en un avión que nadie detectó, ni interés por esclarecer el asesinato de Héctor Melesio Cuén, ni seguimiento del video montaje descubierto por la propia FGR, ni interés por las declaraciones de los involucrados de la participación norteamericana, mucho menos seguimiento a la salida del gobernador Rocha a Estados Unidos el día de los hechos. Aquí no hubo citatorio inmediato. Ni comparecencia. Ni urgencia institucional.
Y aquí sobran las responsabilidades en todos los ámbitos:
¿Cómo se ejecuta una operación aérea, con entrada y salida, sin registro claro? ¿Quién pilotaba? ¿Qué controles fallaron? ¿Por qué el propio gobernador declaró estar fuera del país ese día sin que exista evidencia documental de su salida? ¿Y por qué, tras sugerir la renuncia de la fiscal Sara Bruna Quiñónez, el caso no derivó en responsabilidades judiciales visibles? ¿Porqué la FGR ya no le dio seguimiento al caso?.
Tan estuvo metida la mano de agencias norteamericanas aquél día en Huertos del Pedregal, que hasta el día de hoy la propia Presidente Claudia Sheimbaum sigue exigiendo al gobierno de Donald Trump que explique cómo llegaron a Estados Unidos «El Mayo» Zambada y Joaquín Guzmán López. ¿Y a López Obrador y a Rocha quién, en su momento, los llamó para que explicaran los delicados hechos?
La diferencia entre ambos casos, Chihuahua y Sinaloa, no solo está en la gravedad de los hechos, sino en la identidad política de los involucrados. A la opositora se le exhibe. Al aliado se le protege. A Maru Campos se le exige patriotismo; a Rubén Rocha se le diluye responsabilidad. Y esa no es una política de Estado. Es una política de facción.
Porque si de verdad se va a hablar de soberanía, se tendría que empezar por responder lo esencial: cómo entraron esos agentes, quién sabía que estaban aquí, bajo qué cobertura operaron y por qué el Ejército habría participado en un operativo apoyado por inteligencia extranjera mientras ahora se finge sorpresa. La respuesta es bastante obvia: excluir al Ejército del escándalo no busca cuidar a Chihuahua, busca salvar al centro culpando a la periferia, lo que significa que ya no estamos frente a una investigación seria sino ante una maniobra.
La soberanía, al parecer, sólo se defiende cuando no compromete al poder.
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