CHISPAZO/Felipe Guerrero Bojórquez
TAXCO Y LA REALIDAD MUNICIPAL EN MÉXICO
Lo ocurrido en Taxco no es un hecho aislado; y por lo mismo ha dejado de asombrar a la sociedad mexicana. En otros tiempos hubiese sido un escándalo mayúsculo.
Secuestrar al alcalde de un municipio por excelencia histórico y turístico por querer rescatar, al mismo tiempo, a su padre de las garras de la delincuencia, no es en estos tiempos un asunto circunstancial, sino la evidencia firme de lo que ocurre en el resto del país. El mapa del México de hoy se divide por territorios donde el Estado no desaparece del todo, pero sí se diluye. En unos más, en otros menos, pero la operación del poder fáctico se hace presente y en muchos de ellos se impone. No es tierra de nadie, sino de quien lo controla al margen de la ley.
En el caso del alcalde de Taxco, primero secuestran al padre. Luego a él. No a cualquier ciudadano. La escena, por sí sola, desarma cualquier narrativa oficial que pretenda sostener que el control institucional se mantiene firme. Es dramático el hecho de que una autoridad no solo no imponga la ley, sino que además su representante, el presidente municipal, también sea secuestrado mientras intenta negociar la liberación de su padre. ¿Cuál Estado? ¡Terrible!
El caso de Juan Andrés Vega Carranza y su padre, Juan Vega Arredondo, exhibe cómo el poder del crimen suplanta a la formalidad institucional. Es este poder quien decide a quién presiona, a quién levanta, a quién libera. Y deja constancia que ellos hicieron todo y que, en este caso, las autoridades federales con su aparatosa movilidad solo LOCALIZARON a las víctimas. Por eso Omar García Harfuch no habla de rescate ni dice dónde los tenían…y tampoco si hubo detenidos. No, al alcalde y a su padre sus victimarios decidieron soltarlos, lo que indica que el desenlace no fue producto de la fuerza del Estado, sino de la voluntad del grupo que los retenía. ¿Se pagó el rescate? Es lo más probable, porque se habla que ahí, en esa zona de Guerrero, la Familia Michoacana es implacable.
La gente de Taxco, principalmente sus comerciantes transportistas, ganaderos, pequeños industriales, hablan de que ahí, como en casi todo el país, el llamado “derecho de piso” dejó de ser una práctica clandestina para convertirse en un sistema paralelo de recaudación. No lo cobra el gobierno, lo cobran quienes sí ejerce el control real del territorio.
¿Que hay entonces con el discurso oficial que insiste en rechazar los términos de «Estado fallido y » narcoestado»? La realidad indica al menos que el régimen ha sido incapaz de ejercer plenamente sus funciones más básicas, en términos de seguridad, en extensas regiones del país y, Taxco, es un ejemplo que lo ratifica. No es cualquier municipio. Con poco más de 120 mil habitantes se ha convertido en un emblema turístico, un símbolo cultural, un referente histórico. Y, sin embargo, ni su visibilidad ni su importancia económica lo han blindado frente a la operación de grupos criminales que, según múltiples reportes, llevan años actuando con relativa libertad.
Hay en el fondo algo más preocupante: la normalización.
Y esta vez la delincuencia fue más allá: secuestró al alcalde y a su padre sin que nadie lo impidiera. No fue una excepción sino la ratificación de quien tiene el control. De ese tamaño.
Por eso el caso de Taxco no debe verse como un episodio más de violencia, sino como una advertencia. Una de tantas que se acumulan y nos indican que, pese a las estadísticas oficiales, la dramática realidad es otra. Y es que el crimen se ha apoderado de la vida cotidiana y funcional del núcleo de la República: Los municipios.
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