CHISPAZO / Felipe Guerrero Bojórquez
¿REVOCACIÓN O RATIFICACIÓN?
(Los destapes en el PRI)
La revocación de mandato incluida en la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum, como parte del llamado “plan B” rumbo al 2027, tiene letras chiquitas. Y en política como en los bancos, ya se sabe, lo importante no siempre está en el encabezado, sino en la trampa del pie de página.
Ahí, en ese párrafo inadvertido a simple vista, se abre la puerta para que la propia mandataria haga campaña en defensa de su gobierno bajo el argumento de someterse al juicio ciudadano.
Pareciera que no pero el problema es grave porque la figura de la revocación no fue diseñada como plataforma de promoción política, sino como un mecanismo excepcional para retirar del cargo a quien se le haya perdido la confianza pública.
¿Alguien ha expresado que a la presidente Sheinbaum se le perdió la confianza? ¿Quién entonces está pidiendo la revocación de mandato?
La respuesta es contundentemente sencilla: nadie.
Ni la oposición ha articulado una demanda en ese sentido, ni existe un movimiento ciudadano que haya activado el procedimiento constitucional. Y esto no es un asunto de interpretación, sino de legalidad estricta. La Constitución y la Ley Federal de Revocación de Mandato son claras: el proceso solo puede iniciarse a petición de los ciudadanos, nunca desde el poder.
El requisito tampoco es algo insustancial. Se necesita el respaldo de al menos el 3% de la lista nominal, distribuido en 17 entidades federativas, con el mismo porcentaje en cada una. Es decir, no basta la voluntad política; se requiere una movilización social auténtica, transversal y verificable.
Pero además la ley prohíbe expresamente la intervención de gobiernos y partidos políticos en la promoción de este mecanismo. No se trata de un detalle técnico-normativo, se trata del espíritu central de la revocación. Es decir, la revocación existe para evaluar al poder, no para que el poder se evalúe a sí mismo.
Por eso, cuando desde el oficialismo se plantea activar este instrumento sin que medie una demanda ciudadana real, lo que se configura no es una revocación, sino una simulación. Una suerte de plebiscito encubierto, disfrazado de participación democrática, pero orientado a legitimar al régimen y a extender su narrativa electoral.
Y aquí es donde la figura legal se deforma peligrosamente, porque lo que se pretende en el fondo no es la revocación, sino la ratificación de mandato, es decir, convertir un mecanismo de destitución en una herramienta de confirmación política. Pero además, la ley ni por asomo contempla que, bajo ese pretexto, el Ejecutivo recorra el país promoviendo su gestión y, de paso, apuntalando a su partido.
La contradicción es evidente. Por un lado, la propia presidenta presume altos niveles de aprobación en las encuestas. Por el otro, impulsa un ejercicio que, en el mejor de los casos, solo podría arrojarle un resultado menor al que obtuvo en las urnas. ¿Para qué arriesgar su capital político si no hay crisis de confianza?
Salvo que el objetivo no sea medirse, sino moverse. No evaluarse, sino posicionar a los candidatos de su partido ante la posibilidad de perder la mayoría calificada en el Congreso. Es decir, una movida que tenga como prioridad no someterse al juicio ciudadano, sino utilizar el proceso como vehículo de campaña.
Y es que en el fondo, si la revocación no la están solicitando los ciudadanos y se está impulsando desde el poder, deja de ser un derecho para convertirse en una estrategia. En consecuencia, igualmente, un instrumento para la democracia se pervierte, se distorsiona, porque pasa a convertirse en un mecanismo para fortalecer al poder mismo.
En una palabra, si los ciudadanos no piden la revocación, pero el gobierno insiste en organizarla, entonces ya no estamos frente a un ejercicio democrático sino ante una campaña con disfraz constitucional.
EL DESTAPE DE ALITO
Alejandro Moreno Cárdenas, líder nacional del PRI ya destapó a sus posibles aspirantes a las gubernaturas para el 2027, bajo la figura de «defensores de México». Dio 50 nombres para los 17 estados del país que elegirán gobernadores. En el caso de Sinaloa otorgó este nombramiento a la Senadora Paloma Sánchez y al diputado federal Mario Zamora.
Y no se trata si los mencionados tienen o no méritos, que hasta pudieran sobrarles. Se trata de si ese será el método de elección de candidatos del PRI. Sobre todo cuando sin mediar procedimiento alguno, o un mecanismo formal de competencia interna, es el líder nacional quien se toma la atribución única para perfilar aspirantes. ¿Y cómo van a reaccionar los priistas locales, los dirigentes, los aspirantes? Ya veremos.
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